Este año confluimos en muchos casos con las movilizaciones contra el TTIP, el CETA y el TiSA, con el afán de denunciar las causas de la pobreza.
¡No dejemos a nadie atrás!
Exigimos soluciones basadas en derechos.
La pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas, intensas y crónicas. Es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para el 1% y un empobrecimiento generalizado para el resto de la población, tanto dentro como fuera del Estado español. Un sistema que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos, destruye la naturaleza e incrementa las desigualdades sociales.
Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de sus causas estructurales; también sabemos que existen soluciones reales y factibles.
Existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT por un trabajo decente o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que necesitan ser cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y todos. No cumplirlos significa continuar por la misma senda del aumento de las desigualdades, de la pobreza y del autoritarismo.
En un contexto en el que la acumulación de riqueza en pocas manos genera pobreza en muchas personas y países, hay prácticas que deben desaparecer. Tal es el caso de los fondos de origen español en paraísos fiscales o la negociación a nuestras espaldas de tratados comerciales que van hipotecar nuestro bienestar, el de futuras generaciones y el del planeta. Tratados como el TTIP, el CETA, o el TISA.
Existen múltiples crisis. Una de las más graves es la crisis de valores, en la los dirigentes políticos demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad por cambiar las cosas. Es especialmente lamentable el papel que están jugando con su política de no-acogida de las personas migrantes y de las solicitantes de refugio o asilo.
Tampoco podemos olvidar la puesta en marcha de políticas que aumentan sin parar las desigualdades, la tasa de paro, los niveles de pobreza, la brecha de género. Se incumplen sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos como la sanidad, la educación, la dependencia…
Ante tal situación, como ciudadanía, presentamos propuestas basadas en derechos. Exigimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental. EXIGIMOS:
Soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta.
Poner en marcha políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad.
Ampliar los presupuestos de Educación, Sanidad, Igualdad, Dependencia, Servicios Sociales, Cooperación y políticas de promoción del empleo. En concreto, que se mantenga el compromiso del 0,7% de la RNB para Cooperación al Desarrollo, se destine un 30% del PIB a inversión social, reduciendo así el desfase con la Unión Europea – hasta igualar el gasto público en Educación a la media europea, y equiparando el gasto sanitario a la media de la UE-15.
Políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta.
No se trata sólo de aumentar la cantidad de presupuesto sino también la calidad de las políticas y, en particular aquellas que tienen un impacto directo de la vida de las personas más vulnerables o empobrecidas. Especial atención a las políticas que mitigan las desigualdades estructurales de género.
Exigimos que los principios rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos se conviertan en obligatorios y se les dote de mecanismos de supervisión.
Rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIPque, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las multinacionales y limitan los derechos de las personas y la protección del medioambiente. Abogamos por un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales.
Justicia Fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan las políticas sociales y medioambientales.
Demandamos la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales.
Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contundente contra el flujo ilícito de capitales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad.
Es imprescindible que se promulgue una ley contra el fraude fiscal. Las empresas que operan en España han de ser transparentes en su información financiera tanto en España como en todos los países en los que operan, haciendo pública su estrategia fiscal y sus cifras, especialmente a la hora de trabajar para el sector público.
Es necesario que lo recaudado a través de un Impuesto a las Transacciones Financieras sea destinado a financiar – de forma adicional – políticas de cooperación y para frenar el cambio climático.
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