La «situación desesperada» que atraviesa la familia Noda Henríquez «al no tener una vivienda donde vivir» ha llevado a los tres miembros que la integran a pedir públicamente ayuda. Alberto Noda, su mujer Regina Henríquez y Alberto José, el hijo de ambos, comparecieron este jueves ante los medios de comunicación en los bajos de la parroquia de San Antonio de Padua, en el barrio capitalino de El Polvorín, para explicar que si nada cambia, este espacio se convertirá en su alojamiento desde este sábado, día en el que tendrán que abandonar la pensión en la que residen desde el día 10, ante la imposibilidad de seguir afrontando el gasto que les supone y no tener otra alternativa habitacional.
El problema de esta familia comenzó cuando el padre perdió su trabajo y se quedaron sin la única fuente de ingresos con que contaban. Cuando se acabaron los ahorros y las ayudas no pudieron continuar pagando el alquiler de la vivienda en la que llevaban más de 15 años residiendo, en el barrio de San Antonio. «El dueño nos denunció, con razón, porque se le debía equis dinero», señala Alberto.
Apunta que el 24 de abril a la las once de la mañana estaba fijado el desahucio, y que media hora antes de que se hiciera efectivo «dejamos la llave en el buzón y nos fuimos». Añade que en los días previos y ante el temor de verse en la calle, pidieron ayuda al párroco de San Antonio de Padua y a Caritas Diocesana, que con que la aportación de donativos particulares recibidos en la iglesia les costearon una pensión hasta el día 10, cuando se trasladaron al alojamiento en el que ahora están -que han costeado con una ayuda de emergencia que les concedió el Ayuntamiento- y que deben abandonar este sábado.
Alberto asegura que han contactado con todas las instituciones, «Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias». Expone que «todos sus responsables nos han atendido con interés y con un trato exquisito que agradecemos», además de facilitarles «el acceso a los responsables de diversas áreas». También que se les ha ofrecido «ayudas de emergencia» y «propuestas de mejora para nuestra empleabilidad» e incluso «la posibilidad próxima de un trabajo». Pero «seguimos en la misma situación de falta de una vivienda de alquiler».
Además, lamenta que la actuación del abogado de oficio que les llevaba el caso no ha sido la más profesional «pues nos dijo cuando nos llegó la orden de desahucio que no se podía hacer nada más». Sin embargo «nos enteramos, en la primera semana de mayo, que el desahucio se había anulado temporalmente a petición de las administraciones y no nos avisó». Cuando le fueron reclamar una explicación «nos dijo que se le había olvidado». Por todo esto, no descartan emprender más adelante acciones legales contra él.
Asimismo, indica que aunque «tenemos concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una ayuda al alquiler» les ha sido imposible encontrar una vivienda. «Llevamos meses buscándola, hemos recorrido toda la ciudad, todos los barrios, hemos llegado hasta Arucas, pero no encontramos a nadie que nos haga un contrato de alquiler» ya que carecen de nómina.
Así las cosas, dice, han querido «llamar la atención a la sociedad general sobre nuestra situación» pues «necesitamos con urgencia que alguien nos alquile una vivienda o una habitación» y cuyo gasto afrontarían con «la ayuda al alquiler que tenemos concedida». Además, confía «en conseguir trabajo próximamente».
Señala que de momento lo único que se les ha ofrecido es una plaza para Regina en el centro de acogida de El Lasso ya que «no hay sitio en Gánigo». Pero ellos necesitan estar juntos para apoyarse mutuamente.
Comenta que este viernes tienen una reunión con un responsable de Vivienda del Gobierno de Canarias, aunque dicen que las instituciones ya les han comunicado que no tienen viviendas.
«Ya no tenemos derecho a nada», afirma Alberto, que sabe que este sábado, si nadie lo remedia, su familia y él dormirán en el aula que les cede la parroquia San Antonio de Padua pues «aunque no reúne condiciones, es mejor que la calle o la playa».
