Compartimos a continuación un extracto de la revista de misiones diocesanas vascas, de febrero de 2020.
En ella Álvaro Chordi, y Alfonso López, comparten la explosión de rabia acumulada del pueblo chileno y la situación vivida en El Alto desde el 10 de noviembre, consecuencia de la renuncia de Evo Morales y de la complicada situación politica que vive el país.
Reflexión de Álvaro Chordi Miranda (Adsis), párroco San Saturnino (Santiago de Chile)
Una explosión de rabia acumulada por décadas estalló socialmente en Chile el 18 de octubre de 2019, al igual que otros estallidos que se llevan produciendo en este país austral cada 30 o 40 años y que generan transformaciones sustanciales en la vida de sus ciudadanos. A esta rabia se le suma la sensación de injusticia crónica, de frustración por la impunidad de los poderosos, del descrédito galopante de todas las instituciones, de la falta de empatía de los políticos ante los problemas reales de su pueblo. Y todo ello acontece inesperadamente cuando éramos el “oasis” de América Latina y la macroeconomía no resolvió la inequidad que se implantó en la cultura chilena y generó excesiva desigualdad en la distribución de bienes y oportunidades.
La palabra que resume la demanda del movimiento social por el que atraviesa nuestro país es DIGNIDAD, que da nombre extraoficial a la plaza epicentro –Plaza Italia– de las manifestaciones populares desde que Google Maps lo estableció como “Plaza de la Dignidad”. Existe el concepto típico “de Plaza Italia para arriba” y “de Plaza Italia para abajo” que expresa el objetivo de generar diferencia de clases económicas entre Santiago Oriente y Santiago Poniente. El grito lacerante de los chilenos y las chilenas es sentirse realmente parte de la sociedad, recibir un trato respetuoso e igualitario, que les reconozcan de verdad como seres humanos con derechos e igualdad de acceso de oportunidades. Por todos es sabido que Chile es un país segregacionista en el que la dignidad tiene color y precio. Posiblemente este trato indigno sea el factor que más aglutina a quienes nos manifestamos en las calles de formas diversas. De ahí el esfuerzo colectivo por concienciar y exigir que solo por el hecho de ser humanos deberíamos ser dignos, y no por tener una condición social determinada.
Las humillaciones de los que sobreviven con pensiones miserables, las interminables listas de espera en salud, un sistema educacional en crisis permanente, gente que trabaja para pagar deudas y tener un espacio para renegociarlas, un sistema de transporte que prolonga e intensifica la miseria diaria del trabajo –dos horas diarias, tiempos de espera, ambiente asfixiante de micros y metro que generan estrés, depresión e irritabilidad laboral y familiar–, la violencia silenciosa contra las mujeres, la violencia contra los niños –tres de cada cuatro niños son maltratados en casa, vecindarios o colegios–, los 650.000 jóvenes, entre 18 y 29 años, que ni estudian ni trabajan, concentrados en familias con menos ingresos; las altas tasas de enfermedades mentales y suicidios cada vez mayores; la privatización del agua, los abusos y la corrupción –altas figuras del mundo civil, militar, policial, judicial, empresarial y también eclesial se vieron envueltos en situaciones que han hecho daño a muchos chilenos, coludiendo y abusando de otros–, los cobros abusivos de peajes y tags, la ausencia de verdaderas políticas sociales al servicio de la mayoría de la población, etc. son factores que han influido en la explosión social chilena.
Es evidente que las elites no escucharon las señales que se venían dando desde hace años: “no+AFP” (Administradoras de Fondos de Pensiones), educación de calidad para todos, medicinas más baratas, “Ni una menos” (violencia hacia las mujeres), pueblos originarios, clima, jornada laboral –actualmente 45 horas semanales–, SENAME (Servicio Nacional de Menores), etc. y siguen sin escuchar, porque están desconectados de la realidad y su indolencia con el pueblo chileno es insólita.
La reacción gubernamental con la salida de los militares de los cuarteles evocando la dictadura militar, junto a la represión brutal de Carabineros –policía chilena– y su internacionalmente reconocida violación de los derechos humanos; el vandalismo, el saqueo, los incendios y la destrucción injustificados que asolan en distintas regiones del país, etc. han generado decenas de muertes, miles de heridos, más de 350 oculares, y tantos otros daños que han afectado a cientos de miles de personas y que han reventado las redes con una infinita cantidad de información, tanto verdadera como falsa, que aumentan la ansiedad, el estrés, la rabia, la frustración, la incertidumbre, el miedo, la polarización social… en los ciudadanos, con un impacto psicológico y social inmenso e incierto.
El actual modo de sociedad chilena deja vacío el corazón, fabrica violencia por su desigualdad y destruye la única casa común que tenemos. La conflictividad y radicalización que estamos viviendo en nuestro país desde el 18 de octubre ha logrado que los ciudadanos nos hayamos encontrado; ahora sabemos quién es la persona del frente y nos damos cuenta que tenemos las mismas necesidades hace mucho tiempo. La gente se ha unido y autoconvocado, organizado, disfrutado y está planteando no solo las demandas clásicas de educación y salud, sino otras que tienen que ver con la precarización de la vida de las familias, actuales y futuras. En el barrio Yungay, donde está ubicada la parroquia de San Saturnino en la que sirvo, se organizó la Asamblea autoconvocada como espacio de encuentro y organización entre vecinos que surge en el marco del estallido social. Realizan múltiples actividades en conjunto y elaboran propuestas sobre Educación Popular y Derechos Humanos –que se reúnen en los locales parroquiales–, Cultura, Migrantes, Salud, Mujeres, Abastecimiento, Comunicaciones, etc. El Congreso Nacional está llevando adelante iniciativas legislativas que pretenden responder paulatinamente a algunos reclamos sociales, siendo el Pacto por la paz y una nueva Constitución firmado el 15 de noviembre su hito más relevante. Sin embargo, la ciudadanía todavía considera que la clase política y empresarial no han tomado el peso a la indignación popular y que se trata de medidas claramente insuficientes.
Cinco días después, el 20 de noviembre, un grupo de mujeres convocada por el colectivo interdisciplinario Lastesis intervino las calles de Valparaíso con una potente perfomance contra la violencia de género. El registro se viralizó y el colectivo invitó a realizar la intervención desde sus propios territorios, donde sea que estén, llamado que terminó traspasando fronteras. Empezaron a cantar danzando y gritando a los varones: “el violador eres tú”. Liberadas de la culpa, sitúan a lo masculino en el lugar de quien genera daño. A través de un encuentro creativo solidario, gritan contra el patriarcado y el machismo instalado socialmente que atropella a la mujer y la relega a un segundo lugar de sumisión. Corean “nuestro castigo es la violencia que no ves”, como la que sufren millones de mujeres en Chile, cuyo movimiento femenino ha sabido encontrar su expresión masiva.
Lo que ocurre en Chile y en otros países no se trata de un movimiento articulado y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones. Simplemente la gente no puede más y explota. Y explota, en nuestro caso, con violencia extrema. Parece que algunas violencias institucionalizadas –policial o militar– son más legitimadas que otras –condiciones precarias de vida, propias del sistema neoliberal en el que se vive desde hace más de 40 años, suicidios de personas de la tercera edad, comunidades que mueren lentamente bajo la contaminación de sus entornos en zonas de sacrificio, violencia cotidiana contra migrantes, narcotráfico,…–. También existe violencia con fines delictuales, y no de protesta social, como saqueos, incendios y otros actos vandálicos que se han extendido por todas las regiones del país. Y hay una violencia verbal que se expresan en las redes sociales que reflejan evidentes dificultades para tramitar los conflictos y las diferencias que no caigan en la descalificación o la agresión.
Una última palabra sobre el papel de la Iglesia católica en el estallido social. La gente dice que en 1973 estaba la Iglesia y que ahora no hay nadie. Si bien es verdad que se ha perdido harta credibilidad moral en esta última década, tampoco los medios de comunicación social ayudan a dar a conocer la acción eclesial. En todo caso, con los escándalos de los abusos sexuales hemos sido reprobados en humanidad y señalados públicamente como una institución que abusa. Somos parte del problema y necesitamos una seria y profunda autocrítica para pasar a ser parte de la solución, que desgraciadamente no se vislumbra.
Los adolescentes y jóvenes están siendo los protagonistas activos e impulsores del actual estallido social chileno. Todo surgió por una evasión del metro por parte de estudiantes secundarios, que posteriormente se difundió con este lucido eslogan: “no son 30 pesos, son 30 años (de indiferencia)”. En definitiva, en Chile algo se está transformando y se está consintiendo a las nuevas generaciones experimentar un nuevo modelo de desarrollo, como así apuntaba el Documento preparatorio del Sínodo de los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (2017).
Estos meses hemos sido testigos privilegiados de que Chile despertó. Hay un antes y un después del 18 de octubre. Muchos creen que Chile se transformó. En todo caso, el país sigue movilizado y sus actores políticos y sociales debaten y dan pasos para construir una salida política e institucional hacia una nueva, más legítima y más justa normalidad democrática. Desconocemos con certeza en qué dirección evolucionará y con qué resultados. Confiamos que se encauce democráticamente el conflicto social y se logren los cambios esperados que superen las causas que originaron este estallido social.
Álvaro Chordi Miranda (Adsis)
Párroco San Saturnino (Santiago de Chile)
Testimonio desde El Alto, Bolivia
La comunidad Adsis vive en Senkata, distrito 8 de la ciudad de El Alto, Bolivia, hace 16 años. Yo soy párroco de Santa Clara de Asís desde hace 11 años.
En una esquina del amplio territorio parroquial está la planta de gas YPFB donde el 19 de noviembre murieron 10 personas en enfrentamiento con el ejército, clímax de tensión y dolor compartidos con nuestros vecinos.
Desde el 20 de octubre, y sobre todo desde la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, éstos habían sido nuestros principales sentimientos: miedo por el clima de pánico colectivo con saqueos de casas e instituciones; impotencia ante el vandalismo e irracionalidad; desprotección frente a brotes racistas; admiración por la valentía de gente en defensa de la democracia, etc. Tiempo de mayor necesidad informativa, hospitalidad hacia vecinos sin casa ni comida, presencia discreta y, a veces, pública. Tiempo de reflexión, oración y discernimiento.
Una huella especial deja en mí la presencia en la parroquia vecina, San Francisco de Asís, convertida el día 20 de noviembre en depósito de cadáveres de seis personas fallecidas el día anterior; médicos forenses realizaron las autopsias, acompañados por la defensora del pueblo, y alrededor miles de personas reclamaban justicia. Después de varias horas de esperas y diálogos, tres sacerdotes realizamos una celebración a cielo abierto, en medio de la calle y sobre el puente, donde unas cinco mil personas despedían a sus familiares y vecinos. “Detengan la opresión y la violencia, practiquen el derecho y la justicia; pongan fin a sus abusos con mi pueblo”. Fue un momento de enorme emoción, solidaridad e identificación con el pueblo, prolongado en diálogos posteriores con familiares de los fallecidos.
“La iglesia, hospital de campaña”. Estas palabras del papa Francisco las viví allí encarnadas, sin metáforas, con toda su crudeza y misericordia. Que Dios nos inspire para recorrer caminos de paz y justicia.
